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FERNANDO VILLAVICENCIO DENUNCIA A LA CONTRALORIA POR DELINCUENCIA ORGANIZADA

Villavicencio presentó denuncia ante Fiscalía por presunta delincuencia organizada en Contraloría
Pide investigar la desaparición de informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), desvanecimiento de glosas y quema de evidencias.


El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, acudió esta mañana a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia y solicitar que se investigue en la Contraloría la desaparición de informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), desvanecimiento de glosas y quema de evidencias en el incendio registrado en octubre del 2019.
En una carta dirigida a la fiscal general Diana Salazar, el legislador expresó que -dentro de las investigaciones en torno al trámite de juicio político contra el excontralor Pablo Celi- “los hechos relatados tienen relevancia penal y determinan la presunta existencia de una organización criminal jerárquicamente estructurada, que habría desaparecido informes con indicios de responsabilidad penal y millonarias glosas de forma irregular determinadas por la Contraloría General del Estado”.
 
 
Ante varios medios de comunicación, Villavicencio detalló que esta estructura delictiva ha funcionado por 15 años y que estaba liderada por los excontralores Pablo Celi de La Torre y Carlos Pólit, además de una serie de funcionarios de mandos medios.
 
El monto de las glosas desvanecidas ascendería a los mil millones de dólares. Entre los IRP estaría uno contra el exfiscal general Carlos Vaca Mancheno. “Ese documento, que desapareció de la Contraloría, apareció en manos del expresidente de la Asamblea, José Serrano”, precisó.
Villavicencio también mencionó que existe otro IRP que desapareció de Contraloría, en contra del exministro César Navas, Homero Arellano, Luis Yépez y los representantes de dos compañías chinas.
 
 
Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, un sector político busca solo procesar a Pablo Celi y que existiría una glosa de $ 1.200 millones en contra de Jorge Glas, Pedro Merizalde y Álex Bravo, por la fallida construcción de la Refinería del Pacífico, en Manabí.
“Como el señor Celi no les desvaneció esa glosa entonces están enojados. Lo que quiere el correísmo el día de hoy es señalar que Pablo Celi es un ilegítimo para liberar a sus líderes de culpas y yo no voy a votar por eso. Por eso he venido acá, es la fiscal Diana Salazar, de la misma forma que lideró el caso Arroz Verde, que tiene que mandar a la cárcel a toda una estructura delictiva, no solo a Pablo Celi, a Carlos Pólit, el gran desvanecedor de Odebrecht…”, sentenció.
 
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